Resumen: La sentencia estima que vulnera el principio de igualdad y no discriminación el admitir en la primera adscripción vehículos con menos de cincos años solo procedentes de concesiones contratadas con la Generalidad Valenciana, el resto de los vehículos usados "de cualquier procedencia" debe tener menos de cinco años. Este criterio supone una ventaja competitiva en más de 300.000 €. Se trata de una ventaja importante de las empresas que han tenido una concesión de servicio de autobuses con la Generalidad Valenciana respecto de otras Comunidades Autónomas o empresas extranjeras y no le vemos justificación de ningún tipo. Se está vulnerando el principio de igualdad. No se justifica mínimamente el diferente criterio,
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que desestima el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución municipal en la que, entre otros extremos, se acuerda la demolición a costa del interesado de las obras ilegales llevadas a cabo sin licencia, que se revoca, y se acuerda la nulidad de la resolución impugnada. La controversia que nos ocupa queda reducida a determinar si el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística incurre o no en caducidad del procedimiento. La norma dice que el plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística es el de diez meses. Si llegado el plazo máximo de duración del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística éste no se hubiera resuelto, se produce su caducidad, debiendo disponerse el archivo de las actuaciones. Por lo que se desprende que a efectos del procedimiento en vía administrativa, el mes de agosto será hábil al no contar con una regla específica que lo distinga de los demás. Por ello, ha transcurrido un plazo superior al de diez meses, por lo que debe entenderse acaecida la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que nos ocupa, lo que comporta la nulidad de la resolución administrativa aquí impugnada en cuanto que decretaba la demolición de las obras objeto de requerimiento de legalización.
